El transporte es la principal fuente de emisiones de CO2 en las ciudades, especialmente en las grandes urbes, donde las distancias son mayores y la comunicación terrestre con las localidades del entorno es uno de los principales problemas en este sentido. La Ley de Cambio Climático de 2021 exige que las principales ciudades introduzcan Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) antes de finales de 2023.
Esta medida incluye restringir el acceso a determinados vehículos en función de sus emisiones y, en general, permitir el acceso a los vehículos más limpios. En Valencia, el Departamento de Movilidad Sostenible, liderado por Giuseppe Grezzi, ha lanzado una oferta de más de 10 millones de euros para todo el sistema de cámaras que controlará el cumplimiento de este límite a medio plazo. Pero surge una pregunta: ¿es esta la herramienta más adecuada para reducir la contaminación en las ciudades?
Es lo que propone la asociación Mesura, en colaboración con el Área de Innovación del Ayuntamiento de Valencia y en el marco de “Missións València 2030”, trabajando en un proyecto piloto que planteará varias alternativas a esa iniciativa para su posible implantación en la capital. Esto sucederá después de que el departamento verifique si debe aplicarse o no.
En este sentido, el técnico de Mesura, José Manuel Felici, explica que la herramienta se pagará por el uso del coche particular, no por los billetes de trayecto: “Cuanto más lo usas, más pagas”. Por ello, la idea del ecopeaje es marcar la zona de la ciudad donde se debe pagar por entrar. El dinero recaudado con este sistema suele destinarse a mejorar el transporte público tanto dentro como alrededor de la ciudad.
Como regla general, esta medida se aplica para reducir el tráfico y la congestión en la ciudad, pero también puede mejorar otros problemas urbanos como la calidad del aire o el ruido. La asociación destaca ejemplos como Londres, Milán, Estocolmo o Gotemburgo, donde se ha introducido el peaje urbano junto con otros reguladores del tráfico, como las ZBE, registrándose una reducción notable tanto del tráfico como de las emisiones, además del crecimiento del transporte público.
Cabe recordar que, en este contexto, el gobierno catalán canceló la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona porque, entre otros motivos, prohibía el acceso a los coches más contaminantes, en muchos casos vehículos antiguos, lo que podía suponer una medida discriminatoria para las personas con menor capacidad económica para renovar su vehículo. Teniendo esto en cuenta, el Ayuntamiento de Valencia deberá redactar el reglamento del CEE.
Desde Mesura se considera que, ante la recepción de informes jurídicos y técnicos que defiendan un ecopeaje, la vía condicionante y no prohibitiva, a diferencia de la ZBE, podría evitar una anulación judicial similar a la de Barcelona. No obstante, dentro del proyecto piloto en marcha, se desarrollarán escenarios alternativos con dos sistemas de control de tráfico. De este modo, se evaluará el impacto potencial de estas medidas tanto en la mejora de la calidad del aire como en la mitigación del cambio climático.
En la práctica, los peajes urbanos se aplicarían sobre un modelo integrador en el que las tarifas a pagar tendrían en cuenta diversos criterios como la diversidad funcional, la familia numerosa, los autónomos, el tipo de vehículo o si es eléctrico. También podrían aprobarse tarifas especiales para los trabajadores que deban acceder con frecuencia a la zona afectada. La clave es que se trataría de una tarifa que solo pagarían quienes utilicen el acceso a ese espacio.
En cuanto al alcance del estudio que se va a realizar, tras las diferentes opciones planteadas inicialmente se ha optado por una selección intermedia que comprendería los límites del término municipal y las rondas norte y sur. No abarcaría los distritos de Poblats del Sud, Poblats del Nord y Poblats de l’Oest, ni tampoco la V-21. Se trata, por tanto, de un ámbito de actuación muy amplio, por lo que Mesura considera este proyecto piloto como una iniciativa ambiciosa y global de ciudad.
